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El mercado de carbón ha sufrido varios cambios durante los últimos años y su inestabilidad ha ocasionado grandes impactos en los corredores carboníferos del norte de Colombia. Ante el proceso de descarbonización que se ejecuta en países de primer mundo, se espera que a esta economía se le presenten nuevos retos que ponen en riesgo su existencia. La transición justa se plantea como especial medida para afrontar una eventual crisis económica y social en el país.
La minería de carbón ha sido determinante en la economía colombiana por décadas y sigue siendo la fuente de ingreso de miles de familias en el país. Sin embargo, también ha ocasionado efectos negativos para los trabajadores, las comunidades y el ambiente, por lo que su permanencia en los territorios ha sido conflictiva. Durante los últimos meses, se generaron nuevos desafíos para la cadena productiva de carbón colombiana que devinieron en situaciones como despidos masivos, cierres de minas y desplazamientos operativos, tal como ocurrió con el retiro de Glencore del Cesar y la compra de títulos mineros en La Guajira sin haber ejecutado una reparación adecuada y responsable del medio ambiente y las comunidades afectadas.
La multinacional Glencore ha sido una de las empresas que ha llevado a cabo este tipo de estrategias bajo el argumento de la caída de los precios del carbón y de la inestabilidad del mismo. La falta de implementación de un enfoque de transición justa por parte del gobierno nacional también ha generado malestares entre la población y los trabajadores dejados atrás luego del cierre minero.
Pese a que el mercado de carbón logró recuperarse en el 2021 y que a razón del conflicto en Ucrania se ha aumentado su demanda, existe la necesidad de que se establezcan estrategias para afrontar las situaciones venideras relacionadas con la actual crisis climática, entre ellas, la de una transición energética con un enfoque de justicia social resulta crucial.
El panorama global frente al carbón
La preocupación creciente por el cambio climático y la descarbonización planteada como principal mecanismo para abordar esta problemática, ha conducido a que Estados Unidos y Europa decidieran iniciar un proceso de transición energética. En este escenario, el mercado de carbón será el mayor perjudicado en el largo plazo. Así mismo, la pandemia del COVID-19 produjo malestares en esta economía, debido a que la demanda de carbón por parte de las grandes industrias tuvo importantes caídas. Sin embargo, desde 2021 hay un repunte en este sector y hoy en día se encuentra sigue haciéndolo tras la guerra en Ucrania.
Según el informe de CREER, la Agencia Internacional de Energía (IEA) ha analizado posibles escenarios del futuro del carbón a corto y largo plazo. En el corto plazo indica que aunque las potencias de occidente ya están implementando una transición a energías renovables, gracias a que algunos países asiáticos han estado aumentando su consumo de carbón, la demanda y la producción de este se mantendrá e inclusive por parte de Europa hay un aumento de demanda, como ya se ha mencionado antes, por la guerra en Ucrania.
Para el largo plazo, la IEA propone cuatro escenarios: el primer escenario y el más prometedor de todos es que la economía del carbón para 2021 vuelva a estar igual que antes de la pandemia. En el segundo escenario, la economía del carbón tardaría un poco más en estabilizarse, y para 2023 llegaría a presentar los números de pre-pandemia.
El tercer escenario indicaría que, a pesar de que en Asia la producción y el consumo de carbón puedan llegar a tener un aumento moderado, la caída en EEUU y Europa hará que este se mantenga estable en el 2030 y que empiece a disminuir durante la próxima década.
Por último, en el escenario menos alentador para esta economía se encuentra que, en los próximos 20 años, Asia reduciría su producción y consumo de carbón, mientras que Estados Unidos y Europa acelerarán su transición. En ese caso, el consumo global caería un 30% en 2030.
El Pacto Verde Europeo y la COP26
Tras el Acuerdo de París, se han desplegado varias iniciativas para abordar los compromisos sobre cambio climático en Europa y Estados Unidos. La Unión Europea se ha tomado en serio la necesidad de una descarbonización de su matriz energética, y por medio del Pacto Verde Europeo ha buscado generar hojas de ruta para que sus países miembro lleven a cabo las medidas necesarias para cumplir con las metas propuestas.
Con la meta de reducir al menos un 55% de gases de efecto invernadero para 2030, en el Pacto Verde Europeo se han planteado una serie de mecanismos que abordan todos los campos necesarios para cumplir el objetivo, entre ellos la matriz energética europea. Asimismo, cuenta con un ambicioso presupuesto con el que se espera frenar el cambio climático y hacer de la economía europea una economía más eficiente y competitiva.
Este Pacto ha generado hojas de ruta con el fin de que sean acogidas por sus países miembro por medio de planes nacionales. Algunos de estos planes ya se están ejecutando en países como España y Holanda en la década de los 60’s. Lo que se evidencia es que, además de ser planes de descarbonización urgente, sus resultados positivos se deben, en gran parte, a la implementación de una perspectiva de transición justa, la cual ha sido acompañada por los sindicatos en cada uno de los países.
Por otro lado, la Conferencia de las Partes (COP26) llevada a cabo a finales del año 2021, buscó generar nuevos compromisos con los países participantes para frenar el cambio climático a nivel global. Uno de los avances más importantes de la COP26 ha sido la declaración sobre transición justa, la cual fue adoptada por 14 países y la Comisión Europea. En dicha declaración, además de comprometerse a llevar a cabo una transición justa en sus propios países, resaltaron sus compromisos con los esfuerzos de descarbonización en países más pobres, a través de financiación, partiendo del principio de transición justa.
Esta declaración fue un logro de los movimientos sindicalistas que impulsaron la discusión hasta instancias de alcance global como la ONU, buscando que la descarbonización, que ya se encontraba en la agenda internacional, no dejase a nadie atrás. La iniciativa obtuvo sus primeros frutos consiguiendo que la transición energética justa en Sudáfrica fuera apoyada económicamente por los países miembro.
Posibles impactos para Colombia
Si bien en Colombia no se ha planteado una transición energética que ataque de manera decisiva la producción y el consumo de carbón, ante el panorama internacional presentado, el país se encuentra bajo un desafío de adaptación en una eventual crisis del carbón. Contradictoriamente, durante la COP 26 en Glasgow, el actual presidente Ivan Duque se comprometió a reducir las emisiones de gases efecto invernadero en 51 % para el año 2030 y a ser un país carbono neutral para el año 2050, mientras que el nuevo documento CONPES incluye a la economía de carbón en los planes de transición energética.
El análisis realizado por el Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (CREER) pone de manifiesto el estado de emergencia en el cual se encuentra la economía del carbón en el país y de las consecuencias que podría ocasionar para la sociedad colombiana especialmente por su alta dependencia a esta economía.
De acuerdo con CREER, el desafío de adaptación del país está determinado por la demanda global del carbón, debido a la limitada oferta exportadora en Colombia y por la situación fiscal del país. Así mismo, problemas tales como los altos niveles de pobreza en los corredores carboníferos, la dificultad de generar economías alternativas que puedan captar las plazas de trabajo que dejaría la economía del carbón y la dependencia a las regalías de esta economía aumentaría aún más los retos para el país.
Si Colombia decidiera apostar por enfocarse en el mercado asiático, debido a que este es el único mercado que mantendría o aumentaría su consumo de carbón, a causa de los altos costos de transporte y la falta de inversión en el futuro de esta economía, el gobierno tendría que implementar medidas poco beneficiosas. Tendría que sacrificar una parte de las regalías obtenidas del carbón y realizar reformas que desincentivarían a los inversionistas del sector minero, ocasionando la reducción de gastos en la minería, lo cual generaría grandes consecuencias sociales y ambientales.
CREER determinó que los impactos puntuales para Colombia serían: el aumento del desempleo, el aumento del trabajo informal y la necesidad de programas de protección social como salidas a la problemática social, la disminución de regalías que trae consigo la disminución de la inversión en programas de desarrollo y sociales, el aumento de la conflictividad social y grandes pasivos ambientales.
En suma, la dependencia del país al carbón y la insuficiencia estructural para una eventual transición implica que, sin las medidas adecuadas y el presupuesto necesario, Colombia se enfrentaría a una posible crisis social, económica y ambiental bajo el contexto de descarbonización internacional.
La transición justa ante la incertidumbre
Tras analizar los posibles impactos, CREER ofreció una serie de recomendaciones que pueden convertirse en directrices para la formulación de una política salvavidas en Colombia ante una eventual crisis producida por la caída del mercado del carbón. En ellas destaca la necesidad de implementar un plan de transición justa a partir del aprendizaje de las experiencias de otros países y la importancia de que sea pactada por los diferentes actores involucrados.
Además, resalta el importante papel que tienen los países compradores de carbón en esta tarea, ya que tal como se resaltó en la declaración sobre transición justa en la COP26, las potencias mundiales deben contribuir a la implementación de la transición justa de países como Colombia, puesto que como productores y dependientes a esta economía que se busca abandonar, son quienes saldrán mayormente afectados.
Retomando las palabras del analista económico y experto en temas de transición energética
Una verdadera relación de hermandad y respeto por parte de la Unión Europea hacia Colombia debe considerar un cambio de rumbo en estas relaciones, en el sentido de un verdadero apoyo de financiación sin costo en las inversiones que se requieren para la transición energética.
Por otro lado, si bien la comunidad internacional debe asumir los retos que implica la transición para los países más afectados, el gobierno nacional y las empresas mineras deben hacerse cargo de sus responsabilidades para formular e implementar una transición energética justa de la mano con los sindicatos y las comunidades afectadas. Por lo cual, el llamado es a pactar a nivel nacional e internacional una transición justa que sea capaz de enfrentar los escenarios futuros de la economía del carbón, teniendo en cuenta el auge en sus precios y la llegada de dólares al país como consecuencia, dichos recursos deberían ser usados para un Fondo de protección social para las comunidades mayormente impactadas por la actividad económica del carbón y la posterior descarbonización.