Diálogo y Colaboración Internacional en la Transición Justa: Perspectivas de la UE y Sudáfrica

Sudáfrica, uno de los principales emisores de CO2, se encuentra en un momento crucial de su historia con la implementación de la Transición Energética Justa. En este proceso, los sindicatos han jugado un papel fundamental, mientras que el respaldo internacional ha sido decisivo. Este apoyo ha convertido a Sudáfrica en un referente global de cómo gestionar una transición justa hacia energías más limpias.  

Por un lado, Sudáfrica ha sido pionera en la integración de los trabajadores en la definición de políticas energéticas que consideren tanto la protección del medio ambiente como los derechos laborales. Los sindicatos sudafricanos han destacado las preocupaciones de los trabajadores en la discusión sobre la política energética, abogando así por una transición que fomenta energías más limpias y asegure la protección de los empleos existentes y la creación denuevas oportunidades laborales en sectores emergentes.  

Por otro lado, durante la COP26, celebrada en noviembre de 2021, Sudáfrica consolidó importantes asociaciones internacionales con países como Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Estos acuerdos reflejan la urgencia y la importancia de apoyar a Sudáfrica en su transición hacia una economía baja en carbono y una sociedad más resiliente al clima. La COP26 fue una plataforma crucial para discutir y promover estrategias conjuntas que abordaran los desafíos específicos de Sudáfrica, incluyendo la necesidad de una transición justa que proteja a los trabajadores y las comunidades afectadas. 

Tras la Conferencia de las Partes (COP26), el Grupo de Socios Internacionales, liderado por el Reino Unido y compuesto por Francia, Alemania, Estados Unidos y la Unión Europea, anunció una inversión inicial de 8.500 millones de dólares para apoyar la Transición Energética Justa en Sudáfrica. Este esfuerzo busca catalizar la transición hacia energías más limpias y sostenibles, crear empleos alternativos en las zonas mineras del carbón y promover la creación de nuevos empleos en sectores emergentes. 

La Unión Europea también ha comprometido más de 280 millones de euros en subvenciones para respaldar reformas políticas, fortalecer la infraestructura pública, promover la ecologización de los servicios municipales y reutilizar las centrales eléctricas de carbón para la transición verde. 

 Sin embargo, este modelo de JETP (Just Energy Transition Partnership) enfrenta desafíos significativos. Aunque los sindicatos han sido integrados en el desarrollo de políticas, existen críticas de que la Transición Energética Justa en Sudáfrica corre el riesgo de reproducir desigualdades al depender en gran medida de financiamiento extranjero, lo que podría llevar a la privatización de los beneficios. Esto plantea una preocupación sobre la posibilidad de que la transición energética se convierta en una forma de ajuste estructural verde, donde los intereses corporativos superen el bienestar de la población local. La verdadera justicia climática solo se logrará si los mecanismos de financiación y las políticas están diseñados para beneficiar equitativamente a todas las partes involucradas, priorizando la creación de empleos sostenibles y el desarrollo local. 

Recientemente, ha surgido una preocupación en torno a la falta de claridad sobre el uso de los fondos internacionales destinados a la Transición Energética Justa en Sudáfrica. Según un informe reciente, el gobierno alemán está solicitando mayor transparencia en la implementación de los 8.500 millones de dólares comprometidos por el Grupo de Socios Internacionales, ya que existe inquietud respecto a cómo se están utilizando estos fondos para avanzar en la transición hacia energías limpias. En este escenario, se pone en evidencia la importancia de una gobernanza efectiva en la administración de los recursos para asegurar que realmente se logren los objetivos de justicia climática y social que estas inversiones internacionales buscan apoyar.

 La colaboración entre la Unión Europea y Sudáfrica, pese a enfrentar desafíos recientes en cuanto a la transparencia y gobernanza de los fondos, sigue siendo un referente de punto de partida para América Latina y el Caribe. Sin embargo, es necesario para desarrollar asociaciones más equilibradas que impulsen tanto la tecnología verde como el aspecto social de la acción climática en la región. Fundamentalmente, es necesario que estos acuerdos se adapten a las lecciones aprendidas en Sudáfrica, asegurando mecanismos claros de rendición de cuentas y control local para evitar problemas de dependencia externa o desigualdad en la distribución de los beneficios. 

En este contexto, Isabel Lara Miranda y Lara Lázaro Touza, en su estudio "Transición justa: fortalecimiento de la cooperación entre la UE y América Latina y el Caribe (ALC)" (2023), resaltan la importancia de mejorar la asistencia técnica desde la UE y España, pero también abogan por un enfoque de cooperación que promueva una mayor participación de los actores locales. La clave radica en integrar medidas de transición justa en los programas de cooperación existentes y aumentar la financiación para iniciativas como EUROCLIMA+ y la Pasarela Mundial, dando garantía para que los países de la región no solo reciban apoyo, sino que tengan un papel activo en la definición de los proyectos. 

Esta colaboración debe crear empleos de calidad, promover la reconversión laboral de los sectores impactados y desarrollar nuevos sectores económicos más sostenibles, todo bajo un marco de gobernanza participativa. La experiencia reciente de Sudáfrica subraya la importancia de asegurar que estos esfuerzos realmente contribuyan a una transición justa y no simplemente reproduzcan las dinámicas de poder y dependencia, lo que es especialmente relevante para las economías en desarrollo en América Latina y el Caribe. 

El diálogo y la colaboración internacional son esenciales para formular estrategias de Transición Energética Justa. El intercambio de conocimientos técnicos, el respaldo financiero y la adaptación de mejores prácticas a contextos locales son fundamentales en cualquier estrategia de Transición Energética Justa. La cooperación internacional debe centrarse en estos enfoques para asegurar un impacto positivo en el empleo y los derechos laborales. 

El intercambio de conocimientos técnicos, el respaldo financiero y la adaptación de mejores prácticas a contextos locales son fundamentales en cualquier estrategia de Transición Energética Justa. La cooperación internacional debe centrarse en estos enfoques para asegurar un impacto positivo en el empleo y los derechos laborales. 

Los JETP, concebidos como alianzas para apoyar transiciones energéticas en países específicos, buscan ofrecer financiación y asistencia técnica, fomentando un cambio hacia energías más limpias con una perspectiva de justicia social. Sin embargo, es necesario que exista una evaluación crítica de estos mecanismos con el fin de asegurar que no reproduzcan dinámicas de dependencia o imposiciones externas. Además, sería importante ajustar la estructura de cooperación hacia un modelo en el que el apoyo se dirija más a programas nacionales o incluso regionales, donde el control y la toma de decisiones ("ownership") recaigan en los actores nacionales. 

Desde una perspectiva decolonial, es vital cuestionar la naturaleza y los objetivos de la cooperación internacional en la Transición Energética Justa. La historia de las relaciones internacionales está marcada por desequilibrios de poder, donde las voces y necesidades de los países del Sur Global han sido frecuentemente marginadas. Para evitar repetir estos patrones, la cooperación debe partir de un respeto mutuo, donde el reconocimiento de saberes locales y la equidad en la toma de decisiones tenga un papel central en la naturaleza de las discusiones. La UE y sus estados miembros, al querer marcar la diferencia en el mundo como una comunidad de valores democráticos, deberían apostar por alianzas horizontales, en las cuales las partes sean iguales y haya una distribución equitativa de beneficios, promoviendo al mismo tiempo el trabajo decente. Este enfoque también debería guiar los acuerdos de libre comercio. 

Esto implica ir más allá de las transferencias de tecnología y financiación, hacia un enfoque donde los países receptores tengan un papel activo en la definición de los términos y condiciones de la cooperación. La justicia climática no puede lograrse si las soluciones se imponen desde un actor exterior sin considerar los contextos sociales, económicos y culturales locales. La transición justa debe dar lugar para que las comunidades afectadas no solo sean beneficiarias sino co-creadoras de su futuro energético.