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La Transición Energética en España

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Los impactos generados a los trabajadores por la inestabilidad  y las transformaciones en el sector del carbón en las últimas tres décadas en España.

El bajo nivel de competitividad del carbón español ha ocasionado numerosas afectaciones para los trabajadores españoles desde hace más de 30 años. Los acuerdos internacionales ratificados por España para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y sus compromisos con la Unión Europea vienen acelerando el fin de este sector en la economía. Ante el declive del sector minero, el Estado español, los sindicatos y las empresas  se han visto abocados a llegar a consensos que lleven a una transición energética justa en este país.

La compleja historia del sector del carbón en España

La economía nacional del carbón en España ha pasado por varios reordenamientos y por diferentes transformaciones debido a su bajo nivel competitivo. Esta situación ha llevado a que el sector del carbón sufra de una constante inestabilidad, generando enormes desafíos para los trabajadores y las economías locales dependientes. 

En la década de los 70,  la producción de carbón en España gozó de sus mejores momentos gracias a la protección y a las ayudas estatales frente a los precios del carbón extranjero. Además, debido al incremento de los precios del petróleo, las políticas estatales estuvieron orientadas a incrementar la producción y la productividad del sector para sustituir el consumo de este combustible. Por ello, y de la mano de los apoyos que recibía el sector para ejercer un control sobre los precios del carbón en el mercado, se incentivó a que las empresas eléctricas compraran carbón nacional a cambio de otros beneficios.

Como consecuencia de estas medidas proteccionistas, los empleos en el sector aumentaron entre  1970 y 1990. Sin embargo, a partir de este año, tiene lugar una serie de medidas de reordenamiento que conllevaron a una reducción del sector y que terminaron generando efectos contrarios a la bonanza de empleabilidad en las mineras de carbón.

Con la entrada de España en la Unión Europea emergieron requerimientos que afectaron al sector. La reducción de los programas de ayudas a las empresas mineras y las medidas de disminución de la producción del carbón terminaron ocasionando un recorte del 82% de los empleos en el sector entre 1990 y 2005. Como consecuencia, la reducción de la participación de las empresas del carbón en la economía española tuvo que estar acompañada de medidas que incentivaran el desarrollo de industrias que fuesen capaces de absorber los trabajos perdidos en el sector.

A pesar de la implementación de medidas tales como las prejubilaciones y recolocaciones de empleos, estas no fueron suficientes para mitigar las problemáticas de desempleo y precariedad económica ocasionada, entre otras cosas, porque las nuevas plazas de empleo obtenidas se caracterizaron por ser inestables y de baja rentabilidad salarial.

Debido a la presión ejercida por la Unión Europea, entre el 2013 y el 2018 se llevó a cabo el “Plan de Cierre”, que empujó a España a reestructurar nuevamente el sector del carbón, causando la eliminación total de las ayudas a las empresas mineras y el cierre de 15 de estas. Tras el declive del sector minero, la planilla de empleados en la economía carbonífera pasó de ser de un aproximado de 45.000 trabajadores en 1990, a tan solo 2.000 en el 2018.

La caída de la economía del carbón en España, más que deberse a un cambio en la matriz energética, fue ocasionada por la poca competencia nacional en comparación con los precios internacionales, así como por su bajo nivel de productividad. Antes de que ocurriera una  transición energética  en España, el carbón ya era un sector económico muy inestable que impactó de lleno a  los trabajadores y sus familias.

El Acuerdo de París y los compromisos adquiridos por la Unión Europea

Aunque la reducción de la minería del carbón en España se viene desarrollando desde la última década del siglo pasado, el Acuerdo de París y las obligaciones que tiene el Estado con la Unión Europea han llevado a España a plantearse un proceso de descarbonización y de transición energética.

En conformidad con los compromisos adquiridos tras el Acuerdo de París encaminados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la Unión Europea presentó el “Pacto Verde Europeo”, el cual funciona como marco de estrategias para que sus países miembro - entre ellos España- transiten hacia un modelo de economía limpia y sustentable para el 2050. Bajo este contexto regional e internacional España emprendió su formulación de un plan nacional de transición. 

El plan de transición energética nacional

En 2019, de acuerdo con lo estipulado a nivel regional e internacional, el gobierno español aprueba el “Marco Estratégico de Energía y Clima”, a través del cual surgen diferentes instrumentos tales como la “Ley de Cambio Climático y Transición Energética”, el “Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030” y la “Estrategia de Descarbonización a 2050”. Con estos instrumentos España busca reducir al 23% las emisiones de gases de efecto invernadero y así cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y transformar su matriz energética.

Además, hace parte del plan de transición energética español la “Estrategia de Transición Justa”, con la que se espera minimizar los riesgos que pueda generar la transición a las economías locales dependientes de los sectores minero-energéticos, y también fomentar y proteger el empleo de los trabajadores que quedaron atrás con el cierre de las minas. 

La justicia social como elemento clave de transición

 

Algunas medidas para la protección del empleo impartidas por el Estado español han acompañado el declive del sector del carbón en el país. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar  la pérdida de empleo en las zonas de influencia minera. 

Los impactos generados por los cierres mineros han convertido el tema de la transición justa en un elemento esencial en las políticas de transición energética. Bajo la finalidad de mitigar las viejas y nuevas consecuencias socioeconómicas y ambientales originadas por la descarbonización de la economía. 

La influencia de los sindicatos en la búsqueda de un proceso de transición hacia economías limpias y sostenibles tiene como referencias los acuerdos programáticos tras el Protocolo de Kyoto. El sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) de España, participaron de forma decisiva en el debate alrededor de la “Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático” y la “Estrategia Nacional sobre el Ahorro y Eficiencia Energética”. También propusieron medidas para la formación técnica y académica de trabajadores y sus organizaciones sobre el cambio climático y planes de transformación que incidieron en el lugar del trabajo de cara a la problemática.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha impulsado la necesidad de incorporar una transición justa en las estrategias para el cumplimiento del Acuerdo de París, y para ello ha ofrecido a los Estados un guía marco para la transición energética justa. En julio de 2018, el gobierno español firmó dicho documento con el propósito de implementar las “Directrices sobre Transición Justa” de la OIT. En adición a ello, cabe destacar que los movimientos sindicales también jugaron un papel importante para la ratificación del Acuerdo de París, a cambio de comprometerse con la lucha contra el cambio climático, exigieron salidas efectivas a los problemas generados por la transición.

Tras el cambio de gobierno en España en el 2018, se abrieron espacios de concertación con los sindicatos y las empresas mineras que llevaron a la conformación del “Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027”. Además, se crearon los “Convenios de Transición Justa” que operan de manera estratégica en las diferentes regiones mineras con el fin de hacer frente a los problemas causados por los cierres que tuvieron lugar entre el 2013 y el 2018. 

Por supuesto, el rol de los sindicatos en la transición no finaliza con la firma de pactos para la transición, sino que también continúa con la participación y el acompañamiento en la implementación de estrategias y medidas por parte del Estado y las empresas.

Dichas estrategias comprenden el seguimiento de los trabajadores en las zonas afectadas, planes de formación, los cuales deben estar acompañados por las organizaciones sindicales, y medidas de recolocación. Asimismo, las empresas y el Estado deben incentivar la creación de planes de apoyo para la conservación de los empleos y proyectos alternativos para la generación de trabajo en los lugares de influencia de los cierres. Además, uno de los compromisos adquiridos por los sindicatos es la difusión de lo acordado y la vigilancia de su cumplimiento.

Siguiendo las palabras del secretario de la CC.OO., Agustín Martín, citadas por  IndustriALL Global Union durante este 2021:

 

"Estamos trabajando incansablemente en la transición energética, exigiendo que se haga de manera justa para los trabajadores y los territorios afectados. Seguiremos proponiendo, negociando y firmando acuerdos para buscar nuevas oportunidades para los afectados. Este acuerdo es la base para que los firmantes a todos los niveles (estatal, regional, provincial, comarcal y local) busquen soluciones para los trabajadores afectados por el cierre de las centrales térmicas de carbón".

 

Aún queda un largo camino por recorrer en el proceso de transición energética justa en España. Sin embargo, los antecedentes del país frente a la inestabilidad del sector del carbón pueden llegar a ser un marco de experiencias desde donde se proyectan las estrategias y medidas para una verdadera transición justa a favor de la protección y garantía del empleo y la dignidad de los trabajadores en los procesos que hasta ahora comienzan en países como Colombia.