Ausencia de una transición justa: La minería de carbón en el norte de Colombia

Tras las audiencias llevadas a cabo por la Comisión Accidental del Congreso colombiano, se hicieron notorios los diferentes malestares que sufren los trabajadores y las comunidades ante el contexto de cierre de minas y los despidos masivos en el norte de Colombia. Por lo que, mientras que el gobierno nacional celebra la transición energética como un avance para el país, existe una  gran preocupación por parte de los trabajadores y las comunidades ante la ausencia tanto de un proceso de transición como de un enfoque justo que busque no dejar a nadie atrás.

Durante los dos últimos años la minería de carbón en el norte de Colombia ha sufrido algunas transformaciones debido a los contratiempos ocasionados por la pandemia del COVID-19 y a las decisiones estratégicas tomadas por algunas empresas carboníferas.

El anuncio de Prodeco, filial de Glencore en Colombia, de devolver títulos mineros y terminar sus operaciones en las minas Calenturitas y La Jagua en medio de la crisis de la pandemia, generó gran conmoción en el norte de Colombia. Ya que, además de tratarse de una decisión repentina, obligó a que se iniciara un abrupto plan de cierre de minas acompañado con despidos masivos que, hasta la fecha, han afectado a más de cinco mil empleados. Por otro lado, Carbones del Cerrejón también inició un proceso de reducción de puestos de trabajo en la Guajira que ha ocasionado la inconformidad de sus trabajadores.

A pesar de que estas medidas fueron atribuidas a la baja de precios de carbón en 2020, este año Glencore se convirtió en dueño de la empresa Carbones del Cerrejón, la cual opera en el departamento de La Guajira. Por lo que, el cierre de minas en el Cesar, acompañado por el interés en las minas de la Guajira, más que ser una medida desesperada ante una posible crisis del carbón en el marco de la transición energética, ha sido entendido por algunos de los actores afectados como una estrategia de Glencore para moverse a otro lugar sin asumir la responsabilidad empresarial que tiene con sus trabajadores, con  las comunidades afectadas y con el medio ambiente.

Tal como resaltaron algunos representantes de los empleados del sector carbón en la Audiencia de la Comisión Accidental del Congreso en el Cesar, estas actuaciones pueden ser leídas como una táctica. Por ejemplo, el despido masivo de trabajadores ha estado acompañado de manera paralela por la generación de nuevos contratos tercerizados en otras zonas de operación.

Tras la ley de transición energética, en la cual el gobierno nacional trazó su objetivo de diversificar la matriz de este sector en Colombia y contribuir al cambio climático, los proyectos de generación de energías renovables han ido en aumento durante los últimos años. Su meta es aumentar a 2.400 megavatios (un 12%) la participación de fuentes no convencionales de energías renovables para el año 2022. Por esa razón, han empezado a figurar nuevos actores energéticos en el norte del país.  

Los proyectos de generación de energías limpias han anclado su interés en la potencialidad que tiene el norte de Colombia para su producción, en especial la Guajira, ya que su nivel de radiación solar es un 60% más alto y la velocidad de viento en la región es dos veces más rápida que los promedios mundiales. Por lo tanto, en la Guajira fueron adjudicados proyectos con la capacidad de 1.373 megavatios.

Entre los planes del gobierno por diversificar su matriz energética figura su estrategia de aprovechar los yacimientos de carbón y utilizarlos de manera complementaria para la producción del hidrógeno azul. Si bien esta estrategia aún no está siendo ejecutada, su implementación involucraría necesariamente los corredores carboníferos del norte de Colombia.

A pesar de los avances en la integración de energías limpias, la diversificación de la matriz energética colombiana es aún incipiente especialmente porque el país sigue dependiendo del carbón. Por lo que, más que una transición, el proceso que lleva a cabo el gobierno colombiano parece figurar como un agregado de nuevas energías en la matriz energética del país ante la falta de la implementación efectiva de un plan de descarbonización. No obstante, el Ministerio de Minas y Energía se comprometió a reducir las emisiones de dióxido de carbono en 11,2 millones de toneladas para 2030.

Por otra parte, aunque la introducción de nuevos actores energéticos en el norte de Colombia podría significar una oportunidad para ampliar las alternativas productivas en la región desde una visión de desarrollo sostenible, las comunidades y los trabajadores ya han mencionado su preocupación de que los proyectos de energías limpias reproduzcan una economía de enclave y no generen un cambio significativo en el bienestar de la población.

La minería de carbón se introdujo hace aproximadamente cuatro décadas en el norte de Colombia como una economía de enclave que desplazó otros sectores productivos existentes en la región como la agricultura tradicional. Además de las regalías y los puestos de trabajo generados tras su inserción en el norte del país, esta economía se caracteriza por sostener otros sectores tales como el del turismo y el de transporte, entre otros. 

No obstante, de acuerdo con la representante de Alianza Cesar libre de fracking Amarilys Llanos, la minería no ha sido una propuesta de desarrollo pertinente para la región, ya que la pobreza es mayor en comparación con otros lugares no mineros. Por lo tanto, asevera que el Cesar y la Guajira son territorio de sacrificio minero bajo la excusa de la seguridad energética. Esto principalmente porque el norte de Colombia ha tenido que someterse a un ordenamiento del territorio a favor de la minería, que ha causado el desvío de acuíferos, la pérdida de la vocación agrícola y el sometimiento de las comunidades a procesos de reasentamiento. Asimismo, ha generado problemas sociales, económicos, ambientales y de salud.

Además, históricamente existe una relación entre el conflicto armado y la actividad minera en el territorio colombiano. Debido a dinámicas como el desplazamiento y despojo de tierras por parte de grupos armados ilegales, algunas multinacionales mineras se han beneficiado de forma indirecta al adquirir estas tierras para la explotación del carbón. 

La vulneración a los derechos laborales de los trabajadores en las minas también ha sido un hecho recurrente. Sin embargo, en el marco del  contexto actual de cierre y despidos masivos, son los trabajadores uno de los actores más perjudicados y con los que la minería de carbón guarda principal responsabilidad.

Ante la situación actual del sector carbonífero en el norte del país los trabajadores han optado por exigir una transición justa como medida para abordar las transformaciones que sufre el sector sin dejar a nadie atrás. Por ello, se creó el Colectivo de Trabajadores por la Transición Justa, del cual hacen parte Sintracarbón, Sintracerrejón, Sintradem, Sintramienergética y Sintradrummond,  con el fin de integrar la voz de los trabajadores y las comunidades afectadas para la construcción de un proceso de transición energética que sea justo e inclusivo.

Los cuatro ejes de trabajo del Colectivo son la preparación sindical, la protección social, la diversificación económica y la reconversión laboral. Desde estos cuatro ejes, y de la mano de CNV Internationaal, busca ser un interlocutor para minimizar impactos negativos y velar por los derechos de los trabajadores y sus familias, además de solicitar espacios de concertación con el gobierno nacional, con las empresas y con otras organizaciones internacionales para que la minería de carbón y las autoridades colombianas asuman su responsabilidad y posibiliten una transición justa.

En Colombia existe una ausencia de transición justa debido a que, teniendo en cuenta los principios para una transición justa del Stockholm Environment Institute, el proceso de descarbonización está lejos de iniciarse debido a la dependencia del país hacía esta economía que se hace visible aún en los planes de transición energética, y por acciones como las de Glencore de adquirir más participación en Cerrejón.

Asimismo, las actuaciones del gobierno colombiano para apoyar a las regiones y actores afectados por el cierre de minas han sido limitadas. Además, si bien ha destacado en sus informes de transición energética la perspectiva de las comunidades, estas siguen sin sentirse escuchadas, y es por esta razón que se han creado iniciativas como el Colectivo de Trabajadores por la Transición Justa. Se destaca la creación de la Comisión Accidental del Congreso y sus esfuerzos por originar espacios de diálogo para la solución de los problemas generados por la minería de carbón en el norte de Colombia por medio de audiencias, no obstante, aún se está a la espera de que estos esfuerzos generen verdaderos cambios.

Por otro lado, dado que los grandes problemas que tiene la región frente a daños ambientales, sociales y económicos no son recientes, es posible indicar que tanto el gobierno colombiano como las empresas no han hecho frente a dichos conflictos de manera efectiva, por lo que hasta que no sean verdaderamente abordados, no podrá hablarse de una transición justa en el país.