Opinión: ¿Europa aliada de Colombia?

*Analista económico y docente de economía de la Universidad Nacional de Colombia y del Colegio de Estudios Superiores en Administración, CESA.

En el marco de estas relaciones, hace ocho años entró en vigor un Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea, que da prioridad a los negocios multinacionales, por encima del discurso altruista sobre derechos humanos y ambientales de Europa. Entonces hablemos de negocios.

Desde antes de su implementación, la Unión Europea sabía que el aparato empresarial y productivo de Colombia es más raquítico que el suyo. No solo lo saben, sino que han sido protagonistas en auspiciar medidas de liberalización comercial, privatizaciones y austeridad durante las décadas anteriores, por medio de organismos bajo su influencia como el Fondo Monetario Internacional. Estas medidas impidieron una intervención eficiente del Estado colombiano para promover inversiones en sectores económicos capaces de tener una verdadera competencia con empresas europeas. Como consecuencia, Colombia incrementó su dependencia a la extracción de recursos naturales como fuente primaria de exportación. Aun así, las autoridades políticas en ambos continentes suscribieron un acuerdo desigual.

Los resultados oficiales de esta relación se pueden resumir en lo siguiente: los análisis de Cedetrabajo muestran que entre 2014 y 2020 las exportaciones colombianas a la UE cayeron 131 %, el déficit comercial acumulado de este periodo es de 13.247 millones de dólares y el 84 % de nuestras ventas a ese bloque siguen siendo productos tradicionales. Esto implica que para que Colombia pueda pagar la compra de 1 tonelada de bienes industriales a la Unión Europea debe venderle 37 toneladas de materias primas y recursos naturales.

Más allá de las buenas intenciones, es claro que este tipo de acuerdos no benefician a la población colombiana, frente a la imposibilidad de que nuestro Estado pueda incrementar sus ingresos por impuestos en actividades diferentes a la explotación minera. Esta dependencia nos hace vulnerables también en otros fenómenos sociales y ambientales.

El Atlas de Justicia Ambiental ubica a Colombia como el sexto país con mayor número de conflictos ambientales, pues registra en ese portal 130 conflictos de carácter ambiental. En 2020 se registró el asesinato de 65 líderes ambientales, lo que convierte a Colombia en el país más peligroso del planeta para ejercer la actividad de protección ambiental. Además, el Congreso de la República y el Gobierno Nacional se han negado a aprobar el Acuerdo de Escazú, que Colombia firmó desde 2019. Entre 2015 y 2020 el número de hectáreas deforestadas en promedio anual fue de 170.000.

A pesar de las reiteradas denuncias y quejas expresadas en el Grupo Consultivo Interno, también se ha hecho muy poco para detener la violencia sindical. Los pactos colectivos, que son acuerdos de empresas por fuera de las negociaciones sindicales, siguen haciéndose y en cinco años se han abierto tan solo 354 investigaciones sin ninguna sentencia. Finalmente, según la Escuela Nacional Sindical (ENS), los últimos diez años han asesinado 299 sindicalistas en Colombia, con una impunidad de 95 % en las investigaciones y sentencias de estos asesinatos. 

Una verdadera relación de hermandad y respeto por parte de la Unión Europea hacia Colombia debe considerar un cambio de rumbo en estas relaciones, en el sentido de un verdadero apoyo de financiación sin costo en las inversiones que se requieren para la transición energética. La alta dependencia de las exportaciones mineras ha creado una vulnerabilidad en la economía colombiana, que está al vaivén de los precios de las materias primas. Si caen estas exportaciones por cuenta de la descarbonización, significará menos ingresos fiscales para Colombia y menos capacidad de invertir en fuentes alternativas de energía. En consecuencia, el país tendrá que acudir a más endeudamiento externo y a usar dicho carbón como fuente de generación, contribuyendo negativamente al cambio climático.

El futuro de este proceso no puede ser que Colombia se endeude más y que tenga menos presupuesto público para invertir en el desarrollo de su aparato productivo y de su empleo. En este sentido, es necesaria una evaluación profunda del acuerdo y de las condiciones de competencia desleal a las que se ve sometido el país suramericano y que se corrijan estas asimetrías.