Trabajadores, Gobierno y organizaciones dialogaron sobre Transición Energética Justa y Trabajo decente en Valledupar.

Entre lo discutido, la organización Profundo compartió los primeros hallazgos para Colombia de la investigación realizada con CNV Internationaal “Hacia una transición energética justa: Riesgos en materia de derechos laborales en el sector minero latinoamericano”, cuyo objetivo fue mapear la cadena de suministro de minerales de Bolivia, Perú y Colombia en términos de productores, comerciantes, compradores europeos e inversionistas, sus políticas y prácticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), así como los impactos potenciales de las tendencias del mercado en materia de derechos laborales.

Por otra parte, para hacer un contexto alrededor de la relación e implicación que tiene el mercado del carbón en la transición, representantes de los trabajadores, gobierno nacional y organizaciones, explicaron desde cada una de sus posturas lo que sucede en estos momentos en materia de transición y carbón, y sobre qué medidas ejecutar para que este proceso sea justo con los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente en los territorios donde las minas han explotado carbón durante décadas.

Por parte del Gobierno Nacional, la delegada Carim López, del Ministerio de Minas y Energía, manifestó la importancia de la participación ciudadana en los acuerdos referentes a la descarbonización de la economía colombiana. Con un enfoque de equidad social territorial, los retos son determinar que elementos existen actualmente para adelantar la transición y cómo financiarla, alcanzando los compromisos internacionales. Todo ello, trabajando desde los ejes de justicia social, ambiental y económica, con el fin de poder reemplazar los ingresos provenientes del extractivismo y democratizar el acceso a la producción energética. 

El plan presentado por parte del Ministerio contempla una primera etapa de alistamiento institucional y formulación Metodológica que se realizará durante el primer mes, posteriormente se involucrará a distintos actores para la creación de una hoja de ruta del segundo al sexto mes y finalmente, se implementará la transición de manera justa. 

La estrecha relación entre la cadena de valor del carbón y la transición energética, exige la observación del comportamiento en el mercado de este combustible fósil, que, además de estar sujeto a dinámicas como los acuerdos internacionales pactados para la reducción de emisiones de CO2, depende también de factores externos. Así, lo explica Sneyder Rivera, de la organización Conexión Análisis, quien durante su presentación resaltó los impactos que la reactivación económica después de la pandemia de COVID-19 en conjunto con la guerra en Ucrania tienen sobre los precios y la producción a mediano plazo del carbón. 

Actualmente, se calcula que para el 2024 el consumo de carbón seguirá aumentando, siendo China, India y los países de la Unión Europea, determinantes para este mercado. Mientras que China va a concentrarse como el mayor proveedor de carbón, con un 50% del total de exportaciones de este combustible a nivel mundial. En Colombia, el carbón tampoco va a desaparecer en un corto plazo. Siendo el segundo proveedor para Europa, continúa generando divisas en la economía del país, la dependencia al carbón representa el 14% del total de las exportaciones en el país. Según Rivera: 

“Con la situación que se está viviendo a nivel mundial, se espera que Europa aumentara el consumo de carbón, para disminuir la dependencia que existe alrededor de la energía producida por Rusia. La política de carbono cero, se empieza a ver en entre dicho”. 

Medio Oriente y Mercosur están incidiendo en el aumento de esa exportación en el país, especialmente Brasil, Turquía y Chile. 

Con la llegada del actual Gobierno y la reforma tributaria, un impuesto adicional a las exportaciones de carbón dependiendo el precio internacional será implementado como parte de las medidas necesarias para la transición. En el corto plazo, tal y como lo señala Conexión Análisis, es necesaria una reactivación del sector por todo lo que representa económica y socialmente en la región caribe norte, pero también en el largo plazo este debe ser el camino para la diversificación productiva acorde a una transición energética justa.

Asimismo, según los resultados de la investigación “Hacia una transición energética justa: Riesgos en materia de derechos laborales en el sector minero latinoamericano” de Profundo, Diana Quiróz concordó con Sneyder en que la demanda de carbón colombiano posiblemente aumentará en un corto plazo, resaltando la inversión sustancial holandesa en el sector, donde tres bancos holandeses han invertido cerca de 29 millones de euros en la industria minera, estos son: ING Group, el Rabobank y ABN Amro. Además,  con una perspectiva laboral, se refirió a como las empresas tanto en América Latina como en Europa no han puesto en marcha de forma efectiva políticas éticas en sus cadenas de suministro para prevenir y remediar las violaciones a los derechos laborales y la brecha entre política y práctica, además de la falta de datos sobre el flujo de minerales importantes para la transición energética a través de las cadenas de suministro globales, subrayando una falta transparencia de información en las cadenas de metal para Perú y Ecuador. 

Katie Warrick, delegada de Bettercoal, por su parte, explicó como Bettercoal servirá para evaluar la sostenibilidad y el desempeño en la cadena de carbón para la transición en los países de América Latina. 

Como organización, Bettercoal fue establecida en 2012 por compradores europeos de carbón bajo el propósito de convertir la minería en un sector más sostenible y responsable. Por eso, en el año 2013 se creó el “Código Bettercoal” para evaluar, asegurar y mantener la ética empresarial, ambiental y social, manteniendo un estándar internacional que permite a productores y compradores tener confianza y gestionar riesgos en la cadena de suministro del carbón. 

Con ese fin, esta organización busca que sus proveedores utilicen el Código como marco para comprender, gestionar y mitigar riesgos a través de 12 principios y 144 disposiciones que se concentran en la gobernanza, el área social y el área medioambiental. Actualmente, Bettercoal cuenta entre sus proveedores a tres empresas de carbón que tienen presencia en Colombia: Prodeco, Drummond y Carbones del Cerrejón.

Dicho código, se constituye como norma internacional y tiene umbrales que los productores de carbón deben cumplir, por ese motivo, se realizan evaluaciones  de la situación en las empresas carboníferas cada cuatro años, involucrando a las terceras partes involucradas. Warrick afirmó que, a través de los años, los productores han tenido que dar evidencia de mejora continua en sus prácticas. 

Frente al cierre de minas, se resaltó que existen muchos cambios que vienen hacia el futuro, y que para la organización es imprescindible escuchar el camino que cada país de América Latina está tomando. La verificación que realiza la organización se hace desde una perspectiva práctica, donde se evalúa, según lo estipulado en el capítulo cuatro,  que los productores concreten actividades para preparar a los trabajadores y a la comunidad hacia la rehabilitación financiera y social producto del cierre. En la nueva versión 2.0 del código, se realizará una evaluación para asegurar que la transición sea justa con los trabajadores.

Tras lo expresado anteriormente por Katie Warrik, para Luis Fernando Ramirez,  líder sindical de Sintramienergética en la Jagua de Ibírico, el grupo Prodeco, de Glencore,  ha incurrido en desacatar el Código de Bettercoal en las minas de La Jagua y Calenturitas, pues la empresa ha implementado un cierre sin responsabilidad laboral, ni social, ni ambiental en el territorio. 

Durante marzo de 2020, Prodeco  presento por primera vez, ante la Agencia Nacional Minera, una solicitud para renunciar a los títulos mineros de La Jagua y Calenturitas, pese a que la Agencia negó la devolución de los títulos durante tres ocasiones, esto no fue impedimento para que la empresa terminara el contrato de más de 300 trabajadores por medio de dos operaciones de despido colectivo y ejerciera, además,  mecanismos de presión para que los trabajadores aceptaran un plan de retiro voluntario, los trabajadores afirmaron que si no aceptaban el plan ofrecido por la empresa, días después recibían una carta de despido, esto, sin importar si los trabajadores tenían fuero.

Para septiembre de 2021,  el Gobierno Nacional aceptó la renuncia de los títulos mineros, esto dio lugar a una de las masacres laborales más grandes jamás vividas en la región, donde más de 500 personas perdieron su empleo.

La salida de Prodeco representa un golpe a la economía regional, donde el desempleo y la disminución de regalías son una muestra de las consecuencias que tiene el cierre de minas sin un plan elaborado de forma conjunta con los trabajadores. Luis Fernando afirma que esta lección trata sobre lo que no se debe hacer en materia de cese de operaciones en la minería de carbón y advierte a sus compañeros sindicalistas de otras empresas:

“Finjense hoy compañeros de Cerrejón, de Drummond y de otras minas, lo que hoy nos ha sucedido a nosotros, con el aval del gobierno y Bettercoal, Prodeco ha despedido a trabajadores sindicalizados y a trabajadores enfermos. Y ahora, el Ministerio ha autorizado el despido de trabajadores con fuero”.

Ante este panorama, el Colectivo de trabajadores por la Transición Justa ha implementado una serie de propuestas a partir de cuatro ejes de trabajo para un diálogo que impulse un proceso justo de transición energética en el corredor minero. 

• El primer eje temático es el diálogo social y libertad sindical, partiendo de estos principios, los trabajadores proponen la creación de una subcomisión temática tripartita por parte de la Comisión Permanente de Concertación y de Políticas Salariales y Laborales. 
• El segundo eje es la protección social, para ello, será necesario la creación de un Fondo de protección social para los trabajadores que dependen del sector minero energético, reconociendo la minería de cielo abierto como una actividad de alto riesgo. 
• El tercer eje es la diversificación económica, para el colectivo resulta fundamental instaurar un Fondo económico para la diversificación de empleos verdes que generen trabajo decente. 
• El cuarto eje es la reconversión laboral, se propone crear una estrategia concertada junto a los trabajadores con base a la oferta y demanda de las necesidades futuras. 

Este encuentro entre el Gobierno, organizaciones y el Colectivo, representa un primer paso para que la voz de los trabajadores del sector carbón sea tenido en cuenta como una aliada fundamental en la descarbonización de la economía y la transición energética justa en el país, pues son ellos quienes conocen, desde su propia vida, el impacto que tiene la salida de las empresas carboníferas sobre el territorio nacional si no se trabaja de manera tripartita un plan para el cierre de operaciones en un mediano y largo plazo.

 Ahora, el reto es que el Gobierno Nacional siente a las empresas con las comunidades y los trabajadores para discutir cómo poder implementar las distintas propuestas que surgen a partir del diálogo.