Los trabajadores del sector carbón se reúnen para hablar de Transición energética en el Norte de Colombia

En esta oportunidad, la abogada Diana Herrera realizó una capacitación sobre la definición de la huelga imputable al empleador  para los trabajadores. Este derecho humano consiste en el cese temporal y de manera pacífica de la prestación de servicios por parte de los trabajadores para la defensa de sus intereses colectivos. Consagrado en el artículo 56 de la Constitución Política como un derecho social, económico y cultural, a partir de la ley 1210 de 2008 cuenta con una temporalidad  indefinida a juicio de la organización sindical o de los trabajadores que la ejecuten. 

Se resaltó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia SL1680-2020, donde la Corte reconoce el derecho de huelga como derecho humano, utiliza como fuente de inspiración los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical de la OIT, pese a no ser dirigidas en contra del Estado colombiano, la decisión también es garantista con relación a huelga imputable al empleador por retención indebida de salarios así como el ejercicio del derecho de huelga en servicios esenciales.

Para aproximarnos a comprender la transición energética en Colombia, el profesor Álvaro Pardo explicó la importancia de un análisis del panorama energético mundial pensado en cuatro momentos. El primero es el de la pandemia, cuando el cierre de mercados provocó una caída de flujos financieros, comerciales y de pasajeros, es decir, en este momento hubo precios negativos en el mercado internacional. El segundo momento, tiene que ver con Europa y sus compromisos con la transición energética, consecuentes con el cierre de minas de carbón en esta región. El tercer momento, es la caída de los precios del carbón como parte de la contracción económica. Por último, el cuarto momento,  es el cierre de los mercados de carbón colombiano en Europa. 

Teniendo en cuenta este escenario, la apertura en pospandemia generó un aumento en la demanda de crudo,  gas  y carbón  para la reactivación económica, con ello, hubo un alza generalizada de los precios de combustibles fósiles, con la diferencia que ahora el mercado energético es distinto, pues existen muchos oferentes, ya que  las energías renovables cada vez son más asequibles. Sin embargo, pese a los compromisos adquiridos por Europa en las diferentes cumbres climáticas, la reactivación económica vino acompañada de una reapertura de minas de carbón en este continente. 

Por otro lado, no debe pasar inadvertido el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues  desde el inicio tuvo consecuencias en la cadena de valor del carbón. Rusia aporta el 18% de carbón al mercado mundial, es por eso que la guerra y el embargo por parte de Estados Unidos a este país desajusta a los fondos de mercado, afectando directamente a Europa, razón por la cual no se sumó al bloqueo a Rusia como si lo hicieron Reino Unido y Estados Unidos. Mientras tanto, la constante en la demanda de este combustible fósil por parte de China hizo que los precios comenzaran a ceder. 

En el escenario nacional colombiano, según el profesor Pardo,  debe tenerse en cuenta que para el Producto Interno Bruto (PIB) del país existen sectores que tienen un aporte mucho más significativo que el carbón, como lo es la manufactura con un 11% o la agricultura con un 6,77%, mientras que la explotación de minas representa un 4,65%, mientras que  en exportaciones este sector responde a entre un 5 y 7%. 

Durante esta presentación, se señaló además que Colombia resulta ser un paraíso fiscal para las grandes empresas extranjeras extractivas por los incentivos tributarios, teniendo beneficios tributarios de hasta 16 billones COP, mientras que las ganancias de 739.000.000 COP (2020) no alcanzan a pagar los gastos de funcionamiento. 

Aunque las inversiones de estas multinacionales en el territorio superan los 500 millones de dólares, tal como sucede con la compra de la mina en Cerrejón por parte de Prodeco, las regalías no se ven reflejadas en los municipios de estos territorios, pues la pobreza extrema se mantiene tal y como lo indican los índices de necesidades básicas insatisfechas de estas regiones. 

Mientras el gobierno de Colombia adquiere compromisos como los de la COP 26 en Glasgow, donde se comprometió a una reducción del 51% de emisiones de carbono en Colombia, el profesor Pardo afirmó que es importante la creación de un fondo para la transición a partir de las regalías de explotación de recursos naturales.

El Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI, por sus siglas en inglés) expuso un documento donde se plantean siete principios que abordan las medidas de compensación y empleo para los trabajadores afectados por la transición energética. Considerando, a su vez,  múltiples formas de garantizar la protección y restauración del medio ambiente, la diversificación de la industria, la mitigación de la desigualdad socioeconómica y la comprensión de la equidad de género.

Estos principios abordan el fomentar la descarbonización, el apoyar a las regiones afectadas, el apoyar a los trabajadores, a sus familias y a la comunidad en general afectados por los cierres o el declive de la producción; brindándoles asistencia para encontrar nuevas oportunidades de subsistencia y la protección social suficiente en caso de que no sea posible una reinserción laboral a mediano plazo. Sumado a esto, es de vital importancia el remediar los daños ambientales y asegurar que los costos correspondientes no se transfieran del sector privado al público, planteando un diálogo social amplio. 

Sin embargo, contrario a las recomendaciones, los expositores del Instituto advirtieron las contradicciones  del nuevo documento CONPES de transición energética. Este planteamiento de política pública reconoce el cierre de minas de carbón, pero al mismo tiempo resalta la necesidad de aumentar la competitividad del sector carbón y, por otro lado, fomentaal gas como combustible de transición. 

Dadas estas discusiones, como compromiso conjunto, CNV Internationaal invitó a los trabajadores a hacer parte de un monitoreo participativo para conocer las condiciones laborales, en este caso, enfocadas en la transición justa y la salud y seguridad en el trabajo.

 Además de  esto, se hizo un grupo focal con el Colectivo para evaluar la operatividad de la plataforma del Observatorio Laboral para la Transición Justa, invitando a los trabajadores a participar en la creación de contenido que de cuenta de lo que ocurre en el Cesar y La Guajira en relación con la Transición energética. 

Conscientes de sus derechos y reconociendo el contexto económico y social en donde alzan su voz, el Colectivo de Trabajadores por la Transición Justa empieza este 2022  construyendo un camino  para que la transición sea un proceso justo. 

En el marco de este Encuentro, los trabajadores y trabajadoras resaltaron la necesidad de incluir la voz de los trabajadores en los planes de cierre de minas, la transición energética es un proceso que lleva años, pero las decisiones ya están siendo tomadas por las empresas, reduciendo su responsabilidad contractual por medio de la tercerización y contratos a término fijo. La actual reactivación y bonanza del carbón debe ser utilizada para amortiguar un fondo que prevea el momento de la descarbonización para las regiones que fueron llevadas a la dependencia de este mineral. El diálogo con las empresas, los gobiernos locales y nacionales debe empezar ya, no se puede volver a repetir la huella que está dejando Prodeco.