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El porqué de una transición energética justa

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La emergencia climática es una realidad. Los desastres naturales, producto de la explotación desmedida de los recursos naturales, hacen que estemos presenciando el escenario apocalíptico que pronosticaban los pioneros en hablar del calentamiento global. 

Sólo en Norteamérica (Estados  Unidos y Canadá) murieron más de 400 personas a causa de una intensa ola de calor y se calcula que al menos 183 personas perdieron la vida tras fuertes inundaciones en Alemania y Bélgica durante la segunda mitad de este 2021. 

Estas catástrofes, producto de un aumento en la temperatura global de 1.2° C parecen ser solo la punta del iceberg de un aumento de 2 °C para mitad del siglo (año 2050). 

Por este motivo, tras la firma del Acuerdo de París en 2015, se establecieron medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la importancia de llevar a cabo un proceso de transición energética en los países industrializados, es decir, de transformar las formas convencionales de producción de energía con fuentes renovables. 

 

La transición energética, además, de ser un mecanismo que sirve para hacer frente al cambio climático, debe ser un proceso que, a largo plazo, no sólo transforme las relaciones en los mercados y la producción, sino que permita la participación ciudadana en un ejercicio de justicia climática , social  y económica. 

En ese camino, los países que integran la Unión Europea ya han iniciado programas de disminución de su huella de carbono por medio de políticas de Estado, transitando hacia fuentes energéticas más amigables con el planeta.  Entre estas políticas está la descarbonización de sus economías estableciendo cronogramas que influyen directamente en la importación de carbón. Sin embargo, son los países en vía de desarrollo quienes son los más afectados no solo,  con el impacto del cambio climático, sino con la  misma transición energética.

Transición energética para y con la gente

El  cierre de minas como consecuencia de esa baja internacional de compras del mineral, afecta social, económica y políticamente  a los territorios dependientes de la minería. Esto es lo que está sucediendo en Colombia, considerado el primer caso de esta transición energética en América Latina. Su experiencia puede ser un ejemplo de cómo se vive este proceso en los países mineros. 

Las ventajas de producción que  tiene el sector minero energético en estas regiones entre ellas, el bajo costo de la mano de obra, la falta de una efectiva aplicación de la legislación ambiental y la alta disponibilidad de recursos naturales, llevó a que multinacionales, asentaran sus minas de carbón en territorios que ante la llegada de la gran minería, transformaron sus economías e incluso sus dinámicas sociales. 

Por ello, el declive de esta industria sin una transición que tenga en cuenta a todos los actores en la cadena de valor puede significar dejar a miles de familias sin sustento, inestabilizando la economía de esas regiones, pasando por alto la  responsabilidad de las empresas en el deterioro medioambiental y los pasivos laborales que, actualmente, ya han generado el desplazamiento de comunidades y despidos masivos.

Por otro lado, aunque los compromisos pactados en el Acuerdo de París conllevan una disminución de demanda de carbón a nivel internacional no quiere decir que esté mercado cese , por lo menos no en los próximos años, (de hecho,  y  a pesar de la pandemia, en estos momentos el precio del carbón se encuentra en precios históricos). Lo que sí se espera, es que en un escenario post Covid19, los principales exportadores de carbón tendrán que redireccionar su mercado, entrando en una mayor competencia y, por ende, vendiendo a precios más bajos. 

Equidad ambiental y social 

De tal modo, el éxito del desarrollo sostenible a escala global sólo es posible a partir del reconocimiento de la responsabilidad tanto de empresas que compran el carbón,  como de los concesionarios de minas y de políticas de Estado. Para conseguir que esa transición energética sea además justa, lo anterior debe ir de la mano de un cambio estructural en el sistema energético con el fin de lograr equidad social sin olvidar el papel clave de la coordinación central del Estado.

Así, al hablar de transición energética no solo debemos hacer referencia al cambio de fuentes de energía, sino a una transición justa que no deje a nadie atrás.  La transición justa se relaciona con la   justicia energética, la cual abarca dimensiones de la justicia distributiva, procesal y de reconocimiento, no solo a nivel nacional sino también a escala internacional, y la justicia climática, que trata de la responsabilidad histórica, la equidad per cápita y los derechos sociales y ambientales. 

De esta manera, se puede entender que la transición justa pretende reconciliar los aspectos sociales, es decir, las condiciones de vida digna de la población más vulnerable, con la búsqueda de  soluciones a daños que causa la industria sobre el clima a través de planes de transformación de capacidades, nuevos desarrollos de actividades económicas, fondos especiales para inversión en educación y planes sociales para los trabajadores directos e indirectos.

Países como Holanda, han demostrado que una transición energética justa es posible aunque no sea perfecta. Después de años de luchas encabezadas por trabajadores, el Ministerio de Asuntos Sociales de Países Bajos ha decidido tomar medidas concretas para ayudar a los empleados de la industria del carbón  que hayan perdido sus puestos de trabajo. 

Con una inyección financiera de 22 millones de euros, todos los empleados de la cadena del carbón en y alrededor de la central eléctrica de Hemweg en Ámsterdam pueden recibir ayudas del gobierno con el fin de que transiten de un empleo a otro a través de capacitaciones.  Además,  otros acuerdos pretenden garantizar la compensación de ingresos para aquellos que no puedan encontrar un nuevo trabajo.

La transición energética justa en la normativa internacional 

Para que la transición sea efectiva, debe estar acompañada del diálogo social entre los diferentes actores involucrados en dicho proceso, principalmente trabajadores y sindicatos, comunidades afectadas, gobiernos y empresas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT)  ha ido incorporando la transición justa en la Agenda de Desarrollo Sostenible, lo cual ha traído consigo la formulación de “Directrices de Políticas para una Transición Justa hacia Economías y Sociedades Ambientalmente Sostenibles para todos”. Esta directriz está basada en los cuatro pilares de la Agenda de Trabajo Decente: la protección social, el empleo, los derechos laborales y el diálogo social.

Así mismo, la Transición Justa ha cobrado una gran importancia en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, por lo tanto, en los esfuerzos para contrarrestar el cambio climático. Ejemplo de ello es el Objetivo 8 que busca “Promover el crecimiento económicosostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. 

Por lo tanto, la demanda de un trabajo digno está impresa en la transición energética y cualquier otro esfuerzo de desarrollo sostenible. Para ello es importante que el movimiento sindical juegue un rol activo en la exigencia hacia el cumplimiento de estos compromisos asumidos por los gobiernos. 

De lo contrario, cuando existen falencias comunicativas entre el Estado, la sociedad y las redes de mercado, se tiende a desconocer el valor de la construcción colectiva que nace del diálogo con las comunidades y los trabajadores afectados por estos cambios. Cuando los gobiernos concentran sus esfuerzos sólo en la reducción de emisiones de CO2 -ignorando  las recomendaciones internacionales dirigidas a regularizar las transformaciones en la industria del carbón a corto y mediano plazo de forma justa- una crisis social y económica resulta inevitable en las regiones carboníferas. 

El protagonismo de los trabajadores en la transición energética justa

La experiencia de transición energética en Nigeria y en Nairobi, donde la transición ha sido concentrada en la creación de economías verdes y reducción de emisiones contaminantes, los sindicatos han tenido un papel clave al momento de establecer un alto a las vulneraciones a los trabajadores. Por un lado, en Nigeria las empresas transnacionales han generado desplazamiento, deforestación y otros efectos regresivos a partir de actividades extractivas de petróleo y gas, lo cual genera problemáticas ambientales y socioeconómicas, pero al tiempo, el gobierno propone la diversificación energética desde proyectos como la creación del parque solar más grande de África. 

Es por eso, que los sindicatos y otros movimientos sociales se han organizado y han buscado concertar un diálogo social para impulsar la Transición Justa. Otro ejemplo es el caso de Nairobi y la implementación de un sistema de transporte sostenible, en el que se desplazó y puso en estado de vulnerabilidad a los trabajadores de otros sistemas de transporte, llevando a los sindicatos a movilizarse y a ser reconocidos como actores importantes que se deben tener en cuenta a la hora de concertarse medidas de desarrollo sostenible y de cambio climático. 

En América del sur, procesos similares se presentan al norte de Colombia, donde a pesar de ser un país de América Latina con un gran potencial como territorio de producción de energías renovables en las regiones que actualmente son carboníferas, existe una crisis debido al comportamiento gubernamental y empresarial en cuanto a una transición justa.  Como consecuencia de  la pandemia de COVID-19, el declive progresivo de la demanda internacional del carbón generó una reducción de un 52% en las exportaciones de carbón durante el 2020

Esto dio lugar a suspensión de contratos y despidos masivos, lo cual tiene un impacto directo no solo en los trabajadores, sino también, en los ingresos de los departamentos y en las dinámicas laborales. Igualmente, parece ser que esta reducción del mercado internacional del carbón, además, ha provocado incumplimientos de las responsabilidades empresariales causando incertidumbre sobre las reparaciones y demás obligaciones en materia ambiental, social, laboral y su responsabilidad en derechos humanos. 

Esto podría derivarse del hecho  que las ‌empresas‌ ‌y‌ ‌ multinacionales‌ ‌se‌ ‌encuentran‌ ‌inmersas  ‌en‌ ‌una‌ ‌economía‌ ‌internacional‌ ‌y‌ ‌supranacional‌ ‌ que‌ ‌tiene‌ ‌déficit‌ ‌de‌ ‌control‌ ‌democrático‌ ‌y‌ ‌político,‌ ‌por‌ ‌lo‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌ven‌ ‌reducidos‌ ‌los‌ ‌ derechos‌ ‌sociales‌ ‌y‌ ‌laborales.‌ ‌Así‌ ‌pues,‌ ‌el‌ ‌diálogo‌ ‌social‌ ‌con‌ ‌las‌ ‌grandes‌ ‌empresas‌ ‌ globales‌ ‌es‌ ‌determinante‌ ‌para‌ ‌que‌ ‌estas‌ ‌asuman,‌ ‌en‌ ‌primer‌ ‌lugar,‌ ‌su‌ ‌responsabilidad‌ ‌con‌ ‌ las‌ ‌personas‌ ‌y‌ ‌con‌ ‌los‌ ‌sindicatos‌ ‌que‌ ‌las‌ ‌organizan‌ ‌y‌ ‌representan.‌ ‌

Empresas como Prodeco, que han manifestado su decisión de renuncia a los títulos mineros en el Cesar, Colombia,  no ha sido respecto a las acciones que tomará para asumir las responsabilidades de los daños causados a través del tiempo de sus actividades extractivas, frente a la violación de derechos humanos y de las medidas que se tomarán para hacer frente a los posibles daños que genere con su salida. 

Por otra parte, la empresa Drummond, repetidamente denunciada nacional e internacionalmente por violaciones a los derechos humanos y ambientales de la región del Cesar, contrario a lo que afirma en comunicados oficiales, es reacia a un diálogo abierto y transparente con los sindicatos. De igual forma, la mina de carbón de Cerrejón ha sido denunciada a comienzos de este año por violaciones a Derechos Humanos y ambientales. 

Por su parte, el gobierno colombiano no ha generado rutas de transición justa a pesar de ratificar ocho convenios con la OIT y aunque no aceptó el retiro de la multinacional Prodeco por motivos de incumplimiento de obligaciones contractuales.

En consecuencia, la propuesta sindical minera colombiana no sólo se ha caracterizado por protestar y exigir una mesa de diálogo con las autoridades competentes de las multinacionales, sino que ha coincidido en la creación de un colectivo de trabajadores por la transición justa. Sintracarbón y Sintracerrejón en la Guajira, junto a Sintradrummond y Sintradem del Cesar,  se han aliado para generar estrategias de diálogo apoyadas por la Organización Holandesa sindical de CNV Internationaal con el fin de que la transición energética no signifique la pérdida total de sus medios de vida. Pese a que el cierre de minas no es una realidad inmediata, los trabajadores reconocen la necesidad de estar preparados para afrontarlo desde la justicia social y ambiental. 

Aunque la articulación temprana de los trabajadores significa un gran paso para una transición hacia una economía diversificada con trabajos alternativos, la transición energética justa es un trabajo que requiere, fundamentalmente, de un diálogo propositivo y la intervención de todos los actores de la cadena de valor minera. Esto incluye autoridades nacionales e internacionales, inversores, multinacionales y empresas implicadas, trabajadores tercerizados y la comunidad del territorio donde se asentaron hace décadas las minas. 

Acuerdos‌ ‌Marco‌ ‌Globales‌ ‌(AMG)‌

Finalmente, en cuanto la responsabilidad empresarial,  los ‌ Acuerdos‌ ‌Marco‌ ‌Globales‌ ‌(AMG)‌ ‌son‌ ‌unas‌ ‌herramientas‌ ‌de‌ ‌diálogo‌ ‌social‌ ‌que‌ ‌ sirven‌ ‌para‌ ‌proteger‌ ‌los‌ ‌intereses‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌trabajadores‌ ‌a‌ ‌través‌ ‌de‌ ‌todas‌ ‌las‌ ‌operaciones‌ ‌de‌ ‌ una‌ ‌empresa‌ ‌multinacional.‌ ‌Entre‌ ‌las‌ ‌exigencias‌ ‌que‌ ‌deben‌ ‌ser‌ ‌llevadas‌ ‌a‌ ‌las‌ ‌empresas‌ ‌ está‌ ‌la‌ ‌demanda‌ ‌de‌ ‌derechos‌ ‌de‌ ‌información,‌ ‌consulta‌ ‌y‌ ‌participación‌ ‌en‌ ‌temas‌ ‌ ambientales‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌representación‌ ‌legal‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌trabajadores.‌ ‌En‌ ‌ese‌ ‌sentido,‌ ‌las‌ ‌políticas‌ ‌de‌ ‌ responsabilidad‌ ‌social‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌empresas‌ ‌representan‌ ‌también‌ ‌un‌ ‌marco‌ ‌de‌ ‌participación‌ ‌ sindical‌ ‌para‌ ‌influir‌ ‌en‌ ‌los‌ ‌procesos‌ ‌de‌ ‌Transición‌ ‌Justa.‌

El gobierno de Colombia por su parte, debe promover los lineamientos y recomendaciones en cuanto a transición justa que propone la OIT como la recomendación 205, donde la promoción de la recuperación económica local para generar oportunidades de empleo y trabajo decente y reintegración socioeconómica, se encuentra como lineamiento de transición. 

Además de planes nacionales,  medidas que busquen poner en la agenda de la transición energética y de las medidas contra el cambio climático,  las necesidades y demandas del trabajador y de las comunidades afectadas. Del sector empresarial, se espera que prevea  un cierre o reconversión con un plan específico de actuación industrial y social en relación con sus trabajadores e inversiones que tengan  en la zona. 

Fecha de publicación 30 09 2021