Organizaciones sindicales, sociales y ambientales se unen para solicitar la suspensión del cierre parcial de minas de Prodeco.

Alegando la insostenibilidad del mercado del carbón a nivel internacional, durante diciembre de 2021, Prodeco, filial de Glencore, consiguió que la Agencia Nacional Minera aceptara la renuncia de tres de sus títulos mineros de Calenturitas y La Jagua, en el departamento del Cesar. Posteriormente, estos títulos iban a ser vendidos a otra multinacional para continuar con la explotación minera. Sin embargo, dicha transacción no ha sucedido, mientras que el plan de cierre fue presentado en junio de este año a la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) sin consulta previa, ni posterior presentación de dicho plan ante la comunidad que se ha visto afectada por la actividad minera, pero que también depende de ella, al ser una de las principales actividades que ha dado empleo en la región durante los últimos 25 años. 

Desde una perspectiva laboral y económica, la salida de Prodeco ya ha afectado a más de 5000 trabajadores despedidos, generando desempleo y, por tanto, empobrecimiento en la región. Además de ello,  y como se expresa directamente en la carta presentada al presidente electo, se dio un  despido masivo de más de 1200 trabajadores sin ningún tipo de garantías laborales, bajo lo que la empresa denominó un “retiro voluntario”.

Por esta razón, las organizaciones firmantes de la carta señalaron que:

“Esta empresa no respetó la debida diligencia, ni implementó los procedimientos legales adecuados para hacer un proceso de desvinculación laboral progresivo y garante de los derechos humanos ante el cierre de sus operaciones en esta zona de Colombia, olvidando a los trabajadores enfermos que adquirieron su enfermedad fruto de la actividad laboral, así como los proyectos de vida de miles de trabajadores en torno a la actividad minera”

El documento presentado por las distintas organizaciones no solo es una alerta ante las irregularidades de la actuación de esta empresa y su plan de cierre, sino que también es una solicitud expresa para la suspensión de aprobación del diseño del plan, al no haber un proceso de consulta y participación efectiva y oportuna para que la empresa tenga en cuenta los pasivos ambientales, las afectaciones sociales y al empleo que su salida genera. 

Asimismo, se espera por parte de las organizaciones que el gobierno de Gustavo Petro, una vez posesionado, haga público el plan de cierre parcial de las operaciones de Prodeco, y a su vez, haga una articulación entre los Ministerios de Medio Ambiente, de Minas y Energía, de Trabajo y de Salud para la verificación del proceso de cumplimiento de obligaciones laborales, sociales, de salud pública y ambientales de la multinacional en el corredor minero. 

Todo ello, garantizando una mesa de diálogo con las comunidades de la región afectada, donde además se asegure el cumplimiento de los derechos de acceso a la información, la transparencia y la participación sobre la efectividad de las medidas que esta empresa implemente en las distintas fases de su plan de cierre a nivel laboral, social y ambiental. 

Esta carta representa una expresión de esperanza en la región para una apertura a un diálogo tripartito y así, construir una transición minero-energética justa con la región.