Justicia en el Cesar: Mesa de diálogo será abierta para discutir plan de cierre de Prodeco.

Dos años después de que Prodeco renunciara a dos títulos mineros que tenía en el departamento y un año después de que la ANLA aceptara dicha devolución, 14 comunidades del Cesar, dentro de las cuales se encuentran sindicatos, campesinos, afrodescendientes e indígenas, han logrado que por medio de la ley se le exija a Prodeco y a la ANLA discutir el plan de cierre con quienes habitan el territorio. Esta acción colectiva, llegó a ejecutarse en coordinación de la organización "Tierra digna", organización dedicada a la defensa del territorio y vida de comunidades afectadas por la implementación de medidas de desarrollo económico de carácter extractivo. 

El objetivo de sentar una mesa para socializar el plan de cierre, no solo está dado para ser expuesto a la comunidad, sino que también busca que, en conjunto, se determinen las obligaciones sociales y ambientales que tiene la empresa Prodeco con el territorio, la comunidad y los trabajadores. Además de ello, tanto la entidad gubernamental como la empresa, tendrán que dar a conocer una convocatoria por medio de tres grandes medios de comunicación como garantía de la participación efectiva de las poblaciones convocadas. 

La decisión del Juzgado representa una victoria significativa para los trabajadores del sector minero, recordemos que, entre las repercusiones que el cierre de minas sin un plan conjunto tiene, después de 25 años de explotación, sobre el territorio en general, está la incertidumbre para las más de 6000 familias afectadas y  las condiciones de los trabajadores enfermos, junto a la  importancia que tiene Glencore y la minería en la economía regional. Como consecuencia de la decisión de Prodeco,  el 17 de mayo el Ministerio de trabajo autorizó la terminación de  247 contratos de los 644 que habría presentado en el listado la Empresa. Todo esto, sin diálogo previo con los empleados del sector. 

El que la voz de la comunidad y los trabajadores sea escuchada por las empresas que extraen carbón del país y por el gobierno que lo facilita, puede representar un acercamiento hacia la transición energética justa. Todo ello, dependerá de las decisiones que se concierten fruto del diálogo.