La experiencia de transición energética en Sudáfrica

Con una población de 59 millones de personas, de acuerdo con el índice de Gini medido por el Banco Mundial, Sudáfrica es el país más desigual del mundo. Además, ocupa el doceavo puesto en el ranking mundial de mayor emisión de CO2. La pobreza energética es uno de los principales problemas que profundizan la desigualdad en ese país. De acuerdo con La Federación de Sindicatos de Sudáfrica (SAFTU) en Energía y equidad (2020):

“Aunque la producción de electricidad es la principal causa de las emisiones de carbono en Sudáfrica, la mayoría de la clase trabajadora sufre de pobreza energética: o bien no están conectados a la red, o no pueden permitirse suficiente electricidad para un nivel de vida decente. Cualquier transición justa debe incluir el acceso a la energía limpia para todos”

En el 2018, más del 90% de la electricidad sudafricana provenía del carbón y la minería era controlada por cinco conglomerados empresariales, dentro de las cuales se encuentran Glencore y Anglo American que también operan en Colombia. La economía energética en Sudáfrica, durante varios años, estuvo comprendida por proveer energía barata y trabajadores mal remunerados, situaciones que favorecían a las multinacionales principalmente. Para el año 2021, alrededor de 90.000 personas en ese país trabajaban en minas de carbón. 

Ante este panorama, que evidencia la emergencia climática y la crisis de derechos urgente de ser atendidos, Sudáfrica se ha ido encaminando hacia la adopción de una transición energética justa. En esta experiencia de transición se destacan dos elementos fundamentales: el primero, el apoyo de países europeos y de EEUU, que se articula con el interés de estos países por la viabilidad en Sudáfrica para producir energías limpias. Y el segundo, el papel de los sindicatos para centrar en la discusión de política energética a la transición justa.

Durante la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático (COP26), se creó la Asociación para la Transición Energética Justa (JETP) en la que la Unión Europea y los gobiernos de países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia se comprometieron a apoyar financieramente la transición energética justa en Sudáfrica. Con la finalidad de reducir el carbón en la matriz energética de este país africano, aportarán 8.5 mil millones de dólares para incentivar la producción de energías limpias a partir del hidrógeno verde, y la inserción de desarrollos tecnológicos como los vehículos eléctricos. Además, con este apoyo se busca eliminar hasta 1,5 millones de gigatoneladas de CO2 en veinte años.

La declaración realizada por la UE, los gobiernos de algunos países europeos y Estados Unidos durante la COP26, resuelve apoyar "a los trabajadores afectados y las comunidades vulnerables, especialmente los mineros del carbón, las mujeres y los jóvenes, a medida que cambia la economía sudafricana". Esta declaración surge tras el pacto de países industrializados durante el Acuerdo de París de trasladar 100.000 millones de dólares al año a los países en desarrollo entre 2020 y 2025.

La mayor parte de este incentivo económico será entregado en forma de crédito, donaciones e inversiones para fortalecer la nueva industria eléctrica en Sudáfrica. Asimismo, el compromiso además de integrar a los gobiernos de países industrializados, convoca al sector privado y al Banco Mundial.

La movilización de países industrializados y el sector privado hacia la promoción de la transición energética justa sudafricana, se concreta por el interés hacia la producción de energía a través del hidrógeno verde. Sudáfrica concentra el 75% de las reservas mundiales de platino, el cual es uno de los minerales necesarios para la producción y el almacenamiento del hidrógeno verde. Por lo que, la viabilidad de Sudáfrica de poder cambiar su matriz eléctrica hacia una más limpia radica en la riqueza de este material, que llama la atención del sector privado y de los países industrializados ante la oportunidad de descarbonizar sus propias matrices energéticas y de insertarse en el negocio de las energías limpias.

El diálogo social ha sido clave para la transición justa, y posicionarla en el cambio de la matriz energética de Sudáfrica ha sido un logro de los movimientos sindicales de ese país. Gracias a la acción sindical se han logrado detener planes de energía nuclear y de inversión de fondos pensionales para energías renovables impulsados por el gobierno, que podrían haber generado consecuencias negativas a las poblaciones más vulnerables.

El Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) ha dado voz a las exigencias de los trabajadores para la transición energética sudafricana en el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Trabajo (NEDLAC), institución desde la cual se facilita el diálogo social, y a través de la acción política continua. La lucha de COSATU en el contexto de política energética ha estado encaminada en apoyar la reducción de carbono en la economía sudafricana siempre y cuando se aborde la crisis de empleo y la crisis ecológica. Asimismo, defienden una transición justa que sea capaz de reducir la desigualdad en Sudáfrica y que pueda proteger los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, así como corregir las problemáticas ambientales dejadas atrás por la industria carbonífera.

COSATU, de la mano con el Consejo Nacional de Sindicatos (NACTU) y otras organizaciones y movimientos sociales impulsaron la campaña “Un millón de trabajos para el clima”, con la cual se buscó presionar al gobierno para que implementara estrategias de transición justa. El propósito, además, es poder transitar hacia energías renovables partiendo de la energía como propiedad pública, con la cual se buscaría cerrar la brecha energética en los diferentes sectores de la sociedad sudafricana. En ese mismo sentido, plantea la necesidad de que las fábricas requeridas para producir los materiales imprescindibles para las energías limpias, deban estar en Sudáfrica, impulsando de esta manera la generación de empleo.

La transición energética justa promovida por las organizaciones y movimientos sociales en Sudáfrica se divide en tres dimensiones: 1) Justicia procesal, la cual busca incluir a las comunidades que se vean afectadas durante la transición. 2) Justicia distributiva, desde donde se busca generar trabajos decentes para empleados mineros y comunidades que perdieron sus trabajos. Y 3) Justicia restaurativa, que implica romper el acuerdo del legado de la colonización y el apartheid. Con esto, se optaría porque la transición de la matriz energética hacia energías limpias estuviese acompañada de medidas necesarias para mitigar la desigualdad en Sudáfrica.

Debido a la intencionalidad de países ricos y del gobierno sudafricano de girar hacia una matriz energética limpia que implique el desarrollo tecnológico en nuevas energías e industrias más beneficiosas con el medio ambiente como los vehículos eléctricos, uno de los mayores desafíos para dicha transición será la capacitación de los trabajadores de cara a las exigencias de estas nuevas tecnologías. 

Por lo tanto, para los próximos años será clave que se implementen planes de capacitación, recapacitación y entrenamiento de la mano de obra acostumbrada a la industria carbonífera. De acuerdo con un estudio publicado por Cobenefits, se considera que, en la provincia de Sudáfrica Mpumalanga, conocida por la producción de carbón, se pueden crear hasta 79.000 empleos de energía limpia para 2030.

Asimismo, la importancia del platino para producir hidrógeno verde puede generar un incremento en la minería de este metal, por lo que se crearían nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, el desafío estará en que a la par del crecimiento minero se generen las condiciones justas para los trabajadores.

Lo acontecido en la COP26 y el apoyo que recibió Sudáfrica para iniciar su transición energética justa, evidencia la importancia de generar alianzas con el sector privado. Sin embargo, dichas alianzas pueden ser retadoras para la transición energética justa en Sudáfrica, por lo tanto, el compromiso debe estar en promover espacios de concertación con los sindicatos y los movimientos sociales, en los que se logre definir planes para una economía energética más justa, que no se inserte en la lógica monopolística promulgada en la minería carbonífera que, como evidencia su misma historia, ha generado desigualdad en el país.

La experiencia de Sudáfrica da cuenta de la ventaja que pueden tener algunos países para recibir los apoyos necesarios para favorecer una transición energética justa por parte de países desarrollados y del sector privado. Esto, gracias a los recursos que poseen para la producción de energías limpias. El caso colombiano no es indiferente, puesto que, por un lado, al igual que Sudafrica, Colombia es un país de renta media y en post conflicto. Por otro lado, sus recursos naturales y su ubicación geográfica lo sitúan en una posición beneficiosa para el desarrollo de esta economía. Además de ello, al ser Colombia un país productor de carbón, resulta clave para la seguridad energética de Europa, en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania. 

Además de la potencialidad de la energía eólica en el Cesar y La Guajira, el Gobierno ha empezado a financiar proyectos para el desarrollo de hidrógeno verde en Colombia por más de 6.500 millones (COP), esta alternativa, principalmente, se desarrollaría en La Guajira, por lo cual hay que pensar en una diversificación económica que potencialice también la economía de regiones como el Cesar y Magdalena.  Así, las relaciones de Colombia con países del norte y la atracción del sector privado para la inversión en energías renovables son oportunidades para la transición justa y estructural en el país.

Por otra parte, otro aspecto de la transición energética justa sudafricana que debería ser considerado para Colombia es la sinergia lograda por los sindicatos en Sudáfrica, con la cual lograron insertar a la transición justa en la agenda de política energética. Es indispensable que los movimientos sindicales colombianos logren articular sus demandas y acciones, como ya lo ha hecho el Colectivo de Trabajadores por la Transición Justa, integrado por cinco sindicatos mineros del país,  junto con otros movimientos y organizaciones sociales, políticos y ambientales, con el propósito de fortalecerse e iniciar un diálogo tripartito de cara ala transición, tal y como ha sucedido en Sudáfrica.

Centrar la atención en el desarrollo de la transición energética justa de Sudáfrica significa para Colombia una posibilidad para aprender de los aciertos, que deberá tener en cuenta para poner en práctica, y desaciertos, que deberá evitar a toda costa, para llevar a cabo una transición energética justa exitosa. Una que sea capaz de reducir la desigualdad que, así como al país africano, también acusa la realidad de Colombia.